Agro y posacuerdo de paz: desafíos para construir país
Por: Jorge Eduardo Díaz Avendaño
Ingeniero Agrónomo
joediazav@unal.edu.co
Fotografía: Andrés Castillo.
Ad portas de un escenario de pos acuerdo de paz, el país debe hacer un enorme esfuerzo por democratizar el agro y asumir, como un asunto de interés nacional, los desafíos de la Colombia rural.
Múltiples estudios y diagnósticos, así como el auge de procesos de movilización social y protesta campesina evidencian el estado crítico del agro y confirman la profunda deuda social, económica y política del país con el campo. El Censo Nacional Agropecuario (Ministerio de Agricultura & Dirección Administrativa Nacional de Estadística [DANE], 03 de septiembre de 2015), confirmó el alto grado de concentración de la propiedad de la tierra en Colombia; "el 0,2% de las unidades productivas del país (grandes extensiones) ocupan el 60,1% del territorio nacional, mientras que el 70,9% de las unidades productivas (pequeñas extensiones de menos de cinco hectáreas) tan solo ocupan el 2,4% del área total”. Esto demuestra la persistencia de factores generadores de desigualdad y exclusión, como lo son el latifundio improductivo y la ganadería extensiva.
Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), se calcula que Colombia dedica 38 millones de hectáreas a la ganadería, cuando la vocación ganadera y de actividades de pastoreo del país es de 8 millones. (Morales-Manchego, 24 de mayo de 2016).
Un reto trascendental en esta materia gravita en definir y consolidar una estructura agraria democrática e incluyente como principio fundamental para alcanzar mayor equidad social y desarrollo territorial. Las bases de este propósito serían el ordenamiento productivo del territorio a partir de la vocación agroecológica de los suelos y la realidad socio-cultural de las comunidades; la adjudicación de baldíos a campesinos para la producción agroalimentaria; la estructuración del catastro rural multipropósito; la formalización y titulación de la propiedad de la tierra, así como la resolución de los conflictos territoriales por el uso del suelo a favor de la protección de los recursos naturales y las comunidades.
Otro flagelo que agudiza la crisis del campo es la pobreza y las precarias condiciones laborales de los campesinos, según la Misión para la transformación del campo (Departamento Nacional de Planeación, 2016), el 45,5% de la población rural es pobre y el 75% de los trabajadores tienen un ingreso mensual inferior al salario mínimo mensual legal vigente. En este sentido, se hace imperativo definir un conjunto de estrategias institucionales para combatir la pobreza, formalizar el empleo rural y mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas.
Algunas propuestas consisten en: establecer una oferta clara para el desarrollo de proyectos productivos, con el acompañamiento, la asesoría y la financiación interinstitucional, a fin de promover el desarrollo rural integral; generar planes de formalización del empleo rural con plenos derechos a seguridad social y pensional; definir una política de fomento agropecuario que garantice crédito y financiamiento con bajas tasas de interés, y promueva cadenas asociativas agroalimentarias con generación de valor agregado; impulsar programas de educación integrales y con pertinencia social dirigidos a los jóvenes rurales; y regular normativamente los abusos del mercado en materia de precios y comercialización.
En cuanto a infraestructura social y productiva del campo colombiano, el país presenta un rezago alarmante. El Censo Nacional Agropecuario (Ministerio de Agricultura & DANE, 03 de septiembre de 2015) reveló que el 16,5% de las viviendas rurales no cuentan con ningún servicio público; tan solo el 6% de las viviendas tienen servicio de alcantarillado y el 42,6% de acueducto. Escasamente el 15% de los productores cuentan con maquinaria, y un 21% con sistema de riego; aunado a esto, para el año 2013 el servicio de asistencia técnica rural agropecuaria llego, tan solo, al 10% del campesinado.
El déficit de infraestructura productiva afecta la producción agropecuaria, aumenta los costos de producción y reduce el desempeño del sector, mientras la ausencia de servicios públicos impide cualquier posibilidad de desarrollo y profundiza las desigualdades territoriales y la brecha social.
Un propósito nacional y regional debe involucrar la materialización de un plan nacional de inversión en infraestructura rural, el cual involucre un esquema transparente y participativo de descentralización económica y administrativa, recursos económicos dirigidos al mejoramiento de vías terciarias, electricidad, alcantarillados comunitarios, instalación de distritos de riego y adecuación de tierras, así como inversión en investigación e innovación tecnológica.
Igualmente, es preocupante y paradójico que un país con potencial agroalimentario como Colombia importe más de 10 millones de toneladas de alimentos anualmente; el 100% del garbanzo y la lenteja, y el 95% del trigo y la cebada que consumimos provienen de otros países. Además, han incrementado las compras externas de carne de res, carne de cerdo, frijol, arroz, torta de soya y leche.
A pesar de esta situación, la economía campesina subsiste y contribuye con la producción de un importante porcentaje de la canasta básica alimentaria nacional, motivo fundamental para incentivar la inclusión productiva de la agricultura familiar y la economía campesina, por medio del diseño y la ejecución de programas de asociatividad, con integración a cadenas de producción y comercialización, redes de compras públicas y abastecimiento regional, las cuales garanticen la seguridad y soberanía alimentaria.
Estos desafíos deben ir acompañados de un proceso de modernización y democratización de las instituciones rurales y agropecuarias, de modo que superen la lógica clientelista y centralista, dando mayor participación a las comunidades y a los productores en la planeación de su vida social y económica.
Los retos expuestos y muchos retos más constituyen toda una apuesta por parte del estado y la ciudadanía en general, para que el futuro de Colombia sea justo, democrático e incluyente. Donde el agro tenga un papel protagónico en el desarrollo económico y social.
Bibliografía
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Morales-Manchego, M. (24 de mayo de 2016). El 65% de la tierra apta para sembrar en Colombia no se aprovecha. En: El Tiempo.com. Recuperado de:http://www.eltiempo.com/economia/sectores/uso-del-suelo-en-colombia-y-siembra/16601436
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Departamento Nacional de Planeación. (2016). Misión para la transformación del campo. Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/programas/agricultura/Paginas/mision-para-la-transformacion-del-campo-colombiano.aspx
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Ministerio de Agricultura & Dirección Administrativa Nacional de Estadística (DANE). (03 de septiembre de 2015). Censo Nacional Agropecuario 2014. Características de la vivienda y sociodemográficas de la población residente en el área rural dispersa censada. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/avanceCNA/PPT3-%20Boletin3.pdf