Cuando el territorio habla: justicia, memoria y diversidad en el corazón de la Amazonía

“En Mocoa sentí la primera vacilación: los viajeros habían pasado, pero nadie pudo decirme qué senda del cuadrivio siguieron. Era posible que hubieran ido por tierra al Caño Guineo, para salir al Putumayo un poco arriba del puerto de San José, y bajar el río hasta encontrar el Igaraparaná; tampoco era improbable que hubieran tomado la trocha de Mocoa a Puerto Limón, sobre el Caquetá, para descender por esa arteria al Amazonas y remontar éste y el Putumayo en busca de los cauchales de “La Chorrera”. Yo me decidí por la última vía.”

La Vorágine. (Rivera, 1946, p. 183).

Soy pastuso de nacimiento y putumayense por adopción, me formé como abogado en la Universidad de Nariño y profundicé mi formación en la Universidad Nacional de Colombia, donde cursé la Especialización en Derecho Constitucional y actualmente adelanto la Maestría en Derecho (Área de Profundización en Derecho Procesal). Luego de superar el concurso de méritos de la Convocatoria No. 4 de la Rama Judicial, decidí optar por desempeñarme como Oficial Mayor del Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Mocoa. Una elección deliberada, fundada en la convicción de que la función judicial puede ser una forma concreta de contribuir a la garantía de derechos de comunidades históricamente afectadas por la violencia, el despojo y la exclusión estructural.

Este despacho tiene un origen significativo: fue creado en cumplimiento de la Sentencia T-341 de 2022 de la Corte Constitucional, proferida a raíz de una tutela interpuesta por el resguardo Zio Baín Buenavista del pueblo Siona, en Puerto Asís. En él, la Corte ordenó al Consejo Superior de la Judicatura adoptar medidas de descongestión para la jurisdicción especializada en restitución de tierras con enfoque étnico. De ese mandato emergieron cinco juzgados en el país, ubicados en Mocoa, Quibdó, Apartadó y Popayán, instancias para atender décadas de despojo territorial sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y pueblo Rrom en un país de enorme diversidad étnica.

Durante 2025, el despacho profirió cinco sentencias de restitución étnica a favor de las comunidades San Gabriel del pueblo Inga, Bajo Mirador del pueblo Yanacona, Tssenene del pueblo Cofán, Ksxa'w Nasa Alto Danubio del pueblo Nasa y Monaide Jitoma del pueblo Murui Muina. En conjunto, estas decisiones ampararon más de 31147 hectáreas y 11004 metros cuadrados de territorio. Más allá de su dimensión cuantitativa, pues cinco sentencias pueden parecer poco, debe considerarse la complejidad de estos asuntos, pues cada fallo constituyó un acto jurídico y simbólico de reconocimiento en la búsqueda de una reparación integral: se declaró la condición de víctimas colectivas, se reconoció el abandono forzado y el despojo sufridos, además, de identificar afectaciones territoriales ambientales graves, derivadas de la extracción ilegal de madera, el tráfico de fauna silvestre y daños asociados a la infraestructura petrolera. Restituir, en ese marco, no equivale únicamente a transferir titularidad sobre un predio: implica contribuir a reconstruir la relación profunda entre las comunidades, su territorio y las formas de vida que este hace posibles.

Figura 1.

Reconocimiento UAEGRTD Dirección Territorial Putumayo a Juzgado 4 Civil de Restitución de Tierras con Enfoque Étnico Mocoa, diciembre de 2024.

Fuente: Fotografía propia.

El Putumayo es Amazonía, y esa condición transforma el alcance de cada decisión judicial, obligándonos a entender el significado del territorio para los pueblos indígenas, conformado por una realidad biocultural donde convergen memoria, subsistencia, espiritualidad y continuidad generacional. La Sentencia T-106 de 2025 sobre el macroterritorio indígena de los Jaguares del Yuruparí, profundiza esa comprensión al señalar que proteger a los pueblos indígenas, exige también defender la selva, el agua y los equilibrios ecológicos que sustentan su pervivencia.