Dinámicas de Trabajo en la "Nueva Normalidad" - Retos y Oportunidades

La modernización ‘a las malas’ de los servicios jurídicos

Es de conocimiento general que los trámites jurídicos están muy adecuados al manejo de documentos en físico. Las enormes cantidades de papel que se manejan en los despachos judiciales, muchas veces se tienen como refuerzo de la legalidad y de la seguridad de lo que se registra en estos, al menos en el imaginario de la ciudadanía y de los mismos operadores jurídicos.

Esta dependencia del papel, además de ser problemática por el espacio que físicamente ocupa, resulta ser una carga ambiental innecesaria, pues las radicaciones a la rama judicial, por norma, debían realizarse en físico, con un determinado número de copias dependiendo de la complejidad del proceso.

Adicionalmente, resulta difícil para las entidades públicas adecuar espacios para el archivo documental, esto debido al alto flujo de papel que se maneja tanto al recibir como al responder solicitudes (desde la radicación inicial hasta la ejecutoria de la decisión final).

Cabe también mencionar que otra de las características de las diligencias judiciales es que, en su enorme mayoría, son presenciales. Es normal encontrarse con filas enormes para realizar trámites e ingresar a complejos judiciales (audiencias, radicación de documentos, revisión de procesos, etc.) y como es bien sabido por los profesionales del derecho, este tipo de gestiones requieren más tiempo del que se desearía.

Los pasos que se han dado en el aspecto normativo han sido bastante tímidos al respecto; sin embargo, aunque se ha trabajado en un ‘plan de justicia digital’ y se ha legislado tratando de avanzar en este punto, en la práctica se sigue evidenciando la total preferencia por los trámites de carácter presencial, que implican el uso de documentos en físico.

Teniendo en cuenta este escenario, para el año 2020 las medidas tomadas a razón de evitar la propagación de la COVID-19 produjeron un fuerte impacto en el sistema judicial, tan habituado a los usos previamente mencionados. La imposibilidad de acceder a la documentación, de avanzar en los procesos y de radicar solicitudes por parte de la ciudadanía, entre otros, inmovilizó casi en su totalidad el sistema.

Fue así como, estando o no lo suficientemente preparados, se empezaron a implementar mecanismos para que las personas no vieran coartado su derecho al acceso a la justicia, haciendo efectivas herramientas como la radicación, la consulta en línea de algunos documentos (que ya tiene tiempo de ser aplicado en entidades como la SIC) y la realización de audiencias virtuales. En resumen, tuvimos que modernizarnos ‘a las malas’.

Así las cosas, las herramientas que se han aplicado y que anteriormente eran sólo excepcionales, se convirtieron en regla general en la contingencia y, tanto los despachos judiciales como las personas que accedemos a ellos, hemos tenido que adecuarnos a nuevas maneras de hacer las cosas. Este periodo resultó ser una nueva oportunidad para modernizar la justicia e iniciar a aplicar con fuerza todos aquellos recursos que cada vez tienen más uso: correos electrónicos, consultas en línea, radicación y audiencias virtuales y pruebas digitales en general.

Por lo tanto, quienes movemos el sistema jurídico activamente y tenemos el privilegio de pertenecer a esta generación, debemos aprovechar el conocimiento que tenemos sobre el uso de estos recursos, esto orientado a dinamizar el acceso a los servicios jurídicos con el uso eficiente de las herramientas de las que disponemos y, en consecuencia, facilitar el acceso a la justicia de toda la ciudadanía. Así, además de fortalecer el campo laboral del Derecho, encontraremos beneficios que harán más sencilla nuestra labor, optimizarán el uso de nuestro tiempo y mitigarán la carga ambiental que, acostumbradamente, ha conllevado esta actividad.